Política
Diputados: La comisión de juicio político continúa el tratamiento del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia
En el marco del Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fueron invitados para brindar testimonios en la reunión de hoy.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará este martes su actividad a la espera de recibir los testimonios del exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y de Silvio Robles, el estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Ambos están citados para comparecer para responder preguntas sobre las supuestas negociaciones que derivaron en el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. Según confiaron a Página/12 fuentes parlamentarias, ambos exfuncionarios confirmaron su presencia en el edificio Anexo de Diputados.
Los diputados del oficialismo entienden que la acordada que incrementó los fondos coparticipables porteños al 2,95 por ciento fue posible gracias a la relación previa entre Robles y D’Alessandro, cuyo vínculo había quedado expuesto en la filtración de los chats tras el escándalo de Lago Escondido.
Sobre todo a partir del testimonio, el 12 de julio de este año, de la actual titular del Banco Nación, Silvina Batakis, quien durante las negociaciones por la coparticipación se desempeñaba como secretaria de Provincias del Ministerio de Interior. Batakis declaró ante la Comisión que durante “una audiencia de carácter reservado” donde “íbamos a estar determinadas personas y no otras” pudo ver a Robles sentado detrás del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Pese a todo, el nombre de Robles nunca apareció en el acta oficial de esa audiencia.
La idea de la Comisión será indagar en esos entretelones, con la mira puesta en avanzar en la acumulación de pruebas para el enjuiciamiento a los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Rosenkrantz, a quienes se los investiga por “mal desempeño de sus funciones”.
Las causales son el fallo dictado a favor del distrito porteño, pero también la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, la sentencia del 2×1 para beneficiar a un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial. Sobre esta última, en el oficialismo consideran que con la prueba reunida sobre ya se podría avanzar en la acusación contra los miembros del máximo tribunal.
La comisión, presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard, se reunirá desde las 13 en la Sala 2 del Anexo A de la Cámara baja. Si bien la presencia de D’Alessandro y Robles estaba prevista originalmente para el 4 de julio, los corrimientos del calendario obligaron a que finalmente se postergara para el primer martes de agosto, tras el receso invernal.
También fueron invitados para este martes el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, que no asistió a la reunión del 11 de julio y pidió reprogramar su presencia, y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP.
El “fantasma” de Robles
Desde que se conoció el fallo que elevó sin ningún tipo de fundamentos técnicos la coparticipación de la Ciudad, el oficialismo denunció la existencia de un acuerdo entre la Corte y el Ejecutivo porteño. El nexo entre ambos sería Robles. Batakis reveló ante la Comisión de Juicio Político que el vocero de Rosatti había participado de las audiencias entre Nación y Ciudad pero que su nombre nunca apareció en las actas de la audiencia, como si se tratase de un fantasma.
“Era una audiencia de carácter reservado donde íbamos a estar determinadas personas y no otras. Nosotros no pudimos ingresar a nuestra prensa. Por eso me llamó mucho la atención cuando me doy vuelta y lo veo (a Robles) sentado atrás suyo (en referencia a Rodríguez Larreta)”, describió Batakis a principios de julio. Por eso, una de las preguntas que se espera que el exfuncionario judicial responda este martes tiene que ver con su presencia en esa reunión y las razones que lo llevaron a no poner su nombre en las actas.