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Una empresa vinculada a Moyano presiona para que Jorge Macri habilite el millonario negocio de las grúas
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Una empresa vinculada a Hugo Moyano comenzó a presionar a Jorge Macri para que les habilite la concesión de las grúas porteñas. La empresa Ashira dejó de recoger los residuos en el microcentro para apurar al jefe de Gobierno que calificó la licitación como “carísima” y “escandalosa”.
Empresas cercanas a Moyano y un empresario del peronismo cordobés se quedan con las grúas porteñas
Se trata de uno de los contratos más polémicos de la gestión larretista. Tras una larga polémica, fue preadjudicado 72 horas antes de la asunción de Jorge Macri y lleva la firma de la entonces ministra de Transporte, Manuela López Menéndez, muy cercana a Guillermo Dietrich.
La licitación es por 57 mil millones de pesos anuales por “Servicio de Grúas para Acarreo de Vehículos” y quedó en manos de las empresas Ashira, Transportes 9 de Julio y Saem. Las dos primeras están vinculadas a Moyano y la última a un empresario del peronismo cordobés.
Inflación mediante, el monto podría más que duplicarse. El contrato prevé una especie de “tarifa plana” para levantar los autos en infracción. Lo curioso es que la licitación se hizo con una ley vieja: ahora solamente pueden acarrearse los vehículos que obstruyan cocheras o rampas. Eso implica una demanda mucho menor. Por eso, Jorge dejó stand by el contrato.
De hecho, tras la salida de las viejas contratistas, el acarreo quedó a cargo de AUSA y generó millonarios beneficios para la Ciudad. Es por eso que algunos legisladores como Facundo Del Gaiso o Juan Manuel Valdés, pretenden que el servicio continúe siendo estatal.
Los recolectores de Ashira trabajaron “a reglamento” desde el viernes y las calles del microcentro quedaron más sucias de lo habitual. El gremio de Camioneros sacó un comunicado dónde apuntan contra el gobierno porteño.
La explicación es que 300 trabajadores que pertenecían a las viejas concesionarias de las grúas pasaron a SBASE y, según sostienen en Camioneros, el gobierno quiere encuadrarlos dentro del gremio municipal. En realidad, los trabajadores pertenecen a SBASE hasta que entre en vigencia el nuevo contrato de acarreo.
“No vamos a bancar extorsiones, lo único que hay en juego acá es un negocio de los Moyano”, rechazó Del Gaiso. “Hay que dar de baja esta licitación y el servicio debe seguir en manos del estado con una comisión de seguimiento en la Legislatura”, propuso.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
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