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Trump sancionó al juez que investiga a Bolsonaro y escala la tensión con Lula

Donald Trump anunció la implementación de sanciones financieras contra el juez de la Corte Suprema, Alexandre Moraes, mediante la llamada Ley Magnitsky, una legislación que aborda graves violaciones de derechos humanos.
La medida se publicó en el sitio web del Tesoro de Estados Unidos, donde se menciona la inclusión del ministro bajo una sanción de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), perteneciente al Departamento del Tesoro.
Con esta decisión, Washington ordena la congelación de cualquier activo o activo que Moraes posea en Estados Unidos y también puede prohibir a las instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones en dólares con una persona sancionada.
Esto incluye, por ejemplo, a las compañías de tarjetas de crédito Mastercard y Visa. La sanción se produce después que Eduardo Bolsonaro y sus aliados realizaran una gira por Washington solicitando sanciones contra el juez que investiga a su padre.
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La ley Magnitsky fue aprobada en 2012 por el Congreso estadounidense y lleva el nombre de Sergei Magnitsky, abogado fiscal y auditor ruso que destapó fraude fiscal y tramas de corrupción vinculadas al Kremlin. Detenido por las autoridades rusas, fue sometido a tortura y malos tratos y murió en prisión.
La legislación le permite al gobierno estadounidense imponer sanciones, incluidas sanciones económicas, contra personas que cometan “graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, será responsable de implementar y supervisar el cumplimiento de la orden, y podría establecer nuevas normas y regulaciones. Un informe inicial con la lista de nombres adicionales que serán sancionados debe presentarse al gobierno en un plazo de 60 días.
En un posteo en x, Bessent dijo que “Alexandre de Moraes ha utilizado su cargo para autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión. Alexandre de Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro. El Tesoro seguirá exigiendo cuentas a quienes amenacen los intereses estadounidenses y a quienes impongan límites a nuestras libertades”.
Uno de los fundamentos para la aplicación serían las decisiones tomadas por Moraes contra empresas estadounidenses, como Rumble and X, y aliados de Trump y Bolsonaro en EEUU.
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Según Folha, un informe en poder de funcionarios del gobierno cita acciones contra 14 personas, entre ellas Jason Miller, quien, durante una visita en septiembre de 2021, fue detenido para ser interrogado por la Policía Federal como parte de la investigación de noticias falsas.
También menciona a Elon Musk, propietario de X, y a Chris Pavlovski, director ejecutivo de Rumble. Rumble y Truth Social, la red social del presidente Donald Trump, añadieron recientemente nueva información y solicitudes a una demanda contra Moraes en un tribunal federal de Florida.
Marco Rubio también se refirió al tema y dijo que “esto sirva de advertencia a quienes pisoteen los derechos fundamentales de sus compatriotas: la toga judicial no los protege”.
La primera funcionaria del gobierno de Lula en responder fue la secretaría general de la Presidencia, Gleisi Hoffmann, quien publicó en X que “la última sanción del gobierno de Trump contra el ministro Alexandre de Moraes es un acto violento y arrogante”.
“Un nuevo capítulo en la traición de la familia Bolsonaro al país. Ningún país puede interferir en el poder judicial de otro. Solidaridad con el ministro y el Tribunal Supremo. El gobierno de Lula condena rotundamente este absurdo”, cerró.
Lula dijo en el reportaje al New York Times antes de la confirmación de la sanción que “la Corte Suprema de un país tiene que ser respetada no solo por su propio país, sino también por el mundo”.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
