Llaryora construye otra cárcel de máxima seguridad para 1000 presos

Patricia Bullrich avaló la política de mano dura desplegada por el Gobierno de Córdoba, cuya consecuencia directa es el colapso de las cárceles, lo que derivó en que la Justicia provincial abriese una habeas corpus para más de 80 detenidos abarrotados en el complejo penitenciario de Bouwer, lo que expone al Gobierno provincial a demandas por violaciones a los derechos humanos.

“Todos los días tenemos amparos y yo llamo a la reflexión a los jueces y a los fiscales. ¿Qué hacemos? Tenemos una equis cantidad de plazas penitenciarias y estamos trabajando en todo el país con más detenciones. Es un problema la cárcel, pero más problema es tener a los delincuentes afuera, yo les pido que se pongan de nuestro lado, del lado de los que estamos combatiendo el delito”, dijo Bullrich días atrás, en su paso por Córdoba.

Y arremetió contra la Justicia: “Yo no tengo dudas: yo los prefiero adentro y no afuera de las cárceles”, dijo Bullrich días atrás en su paso por Córdoba. Fue un aval a su aliado en el Gobierno cordobés, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, quien estaba a su lado. Quinteros es cultor de la mano dura y es el foco de las críticas de Luis Juez y Rodrigo de Loredo; todo un dilema para la oposición cordobesa.

En este marco, Llaryora reformuló un proyecto de ampliación de la cárcel de Bouwer en la construcción de un módulo de “máxima seguridad” para 1.000 plazas que estará dotado de cámaras operadas con Inteligencia Artificial y analítica, scanners para el control de bultos, móviles y personas, inhibidores totales de telefonía celular, radar perimetral con cámaras con IA para detectar movimientos sospechosos, sistema de derribo de drones y cámaras corporales para el personal de seguridad, con transmisión en tiempo real.

Pero también Llaryora reclamó al Gobierno nacional que construya una cárcel propia en Córdoba: “No tiene por qué el Gobierno de Córdoba custodiar a los presos federales”, reclamó el mandatario.

Se estima que en un año la población carcelaria de Córdoba creció alrededor de un 20 por ciento: pasó de 13.489 a casi 16.100. Con las cárceles abarrotadas, intervino la Justicia que sentó en una mesa a los funcionarios de Llaryora. Además del nuevo módulo carcelario, prometieron 500 tobilleras para agilizar las prisiones domiciliarias y la construcción de una nueva alcaldía con 500 plazas. Es un dilema para el Gobierno provincial porque la inseguridad aparece como la principal demanda en medio de un agravamiento de la situación social.

De hecho, Llaryora reconoció que el aumento de las detenciones obedece a “la realidad de una situación de pobreza que no para y de una clase media que está cada vez peor”. La clientela penitenciaria creció fuerte con “primarios”, es decir aprendices de poca monta y baja peligrosidad. Un dato parcial de esto lo brindó el Ministerio de Justicia. De los 1.357 alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (la alcaldía policial en el centro de la ciudad de Córdoba), 642 son “primarios”, es decir sin detenciones previas.

Por las condiciones de alojamiento de los aprehendidos por la Policía, generalmente por situaciones en flagrancia, también se abrió otro habeas corpus, por lo que Llaryora prometió ampliar la alcaldía con 500 plazas que no funcionará en el centro de la ciudad, sino en los predios del complejo de Bouwer. No es un dato menor: la vieja alcaldía está a pocas cuadras de Nueva Córdoba, una de las zonas de constante desarrollo inmobiliario, y los empresarios reclaman desde siempre por extender la frontera de edificios hacia esa zona de la ciudad.

Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más