Llaryora cede a la presión de la Iglesia y posterga la prohibición de los trapitos

Cuando todo parecía encaminado para que la Legislatura aprobase este lunes la prohibición de los “trapitos” y de los limpiavidrios en las calles de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora decidió frenar la iniciativa y, aparentemente, postergar su tratamiento para febrero, cuando la Legislatura remote su actividad. En las últimas horas, la Iglesia Católica y sectores progresistas habían acusado al Gobierno provincial de “criminalizar” la pobreza; mientras que la oposición sostenía que la ley era “de espaldas a la sociedad”, por lo que reclamaba un mayor debate.

El ministro de Seguridad de Llaryora, Juan Pablo Quinteros, cuestionó la decisión de los legisladores y les pidió que sesionen en enero. “No estamos hablando de trabajo, estamos hablando de violencia, intimidaciones y amenazas que alteran la paz social”, escribió en un posteo al reclamar por la sanción de la ley que le diera, entiende él, “herramientas” a la Policía para sacar a los “trapitos” de la calle.

En Córdoba, a los “trapitos” se los llama “naranjitas”, por los chalecos de ese color con el que se identifican. Una parte minoritaria de estos son legales, con autorización de la Municipalidad para cobrar el estacionamiento medido, pero el grueso es ilegal y sólo puede percibir una contribución voluntaria. En los hechos, sin embargo, hay tarifas fijas, en particular en las zonas de restaurantes y en los grandes recitales y eventos deportivos.

En este marco, Quinteros dijo: “La sociedad nos pide firmeza, y tiene razón…). Sin cambios en la legislación, devolver el orden que la sociedad reclama se vuelve más complejo”. Y arremetió; “Cuenten con este ministro y con la Policía de Córdoba para que un debate tan importante no se tome vacaciones y nos encuentre trabajando en enero para los vecinos”.

En clave de lectura política, es un golpe para Quinteros, que apostaba fuerte por solucionar con una política restrictiva, de mano dura, una problemática que genera tensión desde hace varias décadas en Córdoba. Si lo lograba, hubiese sido un trampolín político. Antes del volantazo de Llaryora, Quinteros puso en funciones a la nueva cúpula policial con la que pensaba liderar el nuevo Código de Convivencia.

Con la decisión, Llaryora no sólo dejó en offside a Quinteros: también al ministro de Salud, Ricardo Pieckestainer, que defendió otro de los artículos del Código de Convivencia: la aplicación de multa para padres antivacunas.

Quedó claro que fue el peronismo el que cedió: Facundo Torres, presidente de bloque, dijo que era “fundamental seguir construyendo acuerdos entre los bloques, las instituciones, los vecinos y, especialmente, los intendentes”.

El legislador neo libertario Gregorio Hernández Maqueda, férreo opositor de Llaryora, salió a cuestionar la suspensión: “Apretó (el obispo Ángel) Rossi, reculó Llaryora. Resultado, el pueblo se queda más inseguro, sin ley anti-naranjitas y anti-limpiavidrios”.

Como sea, el escándalo y la polémica le sirven a Llaryora para minimizar el impacto que tiene la aprobación de los pliegos de los nuevos integrantes de la cúpula del Poder Judicial. Como contó LPO, el gobernador cordobés está armando una cúpula judicial afín, con varios abogados militantes que ocupan puestos clave.

Mano dura de Llaryora: prohíbe trapitos y limpiavidrios, e impone multas a los antivacunas

Cuando termine la sesión de este lunes y se aprueben los nuevos cargos, Llaryora tendrá el control efectivo del Ministerio Público Fiscal (donde impuso al Fiscal General y a dos de los cuatro fiscales generales adjuntos) y de la flamante Procuración Penitenciaria (control de las cárceles). También pondrá un pie en el Ministerio Público de la Defensa.

De los 19 altos cargos del Poder Judicial, seis son abogados de confianza de Llaryora: Jéssica Valentini, en el Tribunal Superior de Justicia; Alejandro Pérez Moreno y Néstor Gómez, en la Fiscalía General; Jorge Folloni, en el Ministerio Público de la Defensa; y en la Procuración Penitenciaria, la peronista Guadalupe Trillo y la radical Florencia Degano.

Intentamos que la legislación le diera a la fuerza policial reglas claras y herramientas concretas para actuar frente a la toma ilegal del espacio público.Y quiero ser claro: no estamos hablando de trabajo, estamos hablando de violencia, intimidación y amenazas que alteran la… pic.twitter.com/Ydv8F7KVM6

— Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) December 29, 2025

Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más