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La comisión Libra podrá citar a Karina y mandarla a buscar con un patrullero si se resiste

El bloque de los 14 diputados opositores en la Comisión Libra logró aprobar el reglamento para su funcionamiento formal y habilitó la posibilidad de “requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación” y “solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia” de funcionarios debidamente citados.

Esa línea permitirá a los integrantes de la comisión disponer que los funcionarios que se rehúsen a presentarse puedan ser llevados al Congreso por personal del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. La medida es fundamental porque indica que, si la situación se extrema, Karina Milei podría ser llevada ante los diputados en patrullero.

La legisladora Mónica Frade consideró que el reglamento está “dentro de los cánones de la tradición parlamentaria para las comisiones investigadoras”. Tal como anticipó LPO, la bancada peronista aspiraba a que la base de su articulado partiera del reglamento utilizado en la comisión de Juicio Político a los ministros de la Corte Suprema, durante 2023.

De hecho, la discusión interna en la bancada de UP se remontaba al ejemplo de la comisión investigadora por el caso de la Ítalo, la empresa de electricidad que la dictadura estatizó por una gestión de José Alfredo Martínez de Hoz para acceder a un préstamo de la Unión de Bancos Suizos. El acuerdo había sido objetado por Juan Carlos Casariego, funcionario de carrera del Ministerio de Economía que terminó desaparecido, y el estrago producido al Estado terminó discutiéndose en el Congreso en 1984, cuando tuvieron que desfilar ante los diputados ex funcionarios de la dictadura militar.

Ferraro se quedó con la presidencia de la comisión Libra y los libertarios se levantaron y se fueron

Como sea, el reglamento de la comisión Libra tiene 15 artículos y dos carillas. Según la peronista Sabrina Selva, “contempla garantías constitucionales y no se arroga facultades de otro poder”.

En ese sentido, reivindicó que la comisión pueda “acudir a la Justicia para que tengan que comparecer” los funcionarios del gobierno que recurran “al silencio y la obstrucción”. “Insisten con bloquear y garantizar impunidad y queda demostrado que no querían que avancemos con este reglamento”, expresó.

Silvana Giúdici

La diputada Silvana Giudici dijo que el reglamento “excede las atribuciones de la resolución que creó la comisión” en abril pasado. “No hay ninguna facultad para que el Congreso en una comisión investigadora pueda ejercer facultades por encima de la garantía del juez natural”, apuntó.

Al momento de votar el reglamento, se contaron 14 voluntades por la afirmativa, dos abstenciones y el resto se computó como “ausentes”. Por eso, el libertario Álvaro Martínez intentó impugnar su aprobación porque los 14 eran solo la mitad de los 28 miembros totales de la comisión.

En caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la Comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna.

La jugada del mendocino Martínez causó fastidio en la oposición y el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, le pidió que no “busque la cuadratura del círculo”. En medio del intercambio, se alcanzó a escuchar que Selva aplicó un chascarrillo didáctico: “es 14 a 12, ¿aprendiste matemática con (Ezequiel) Atauche?”. Luego, su colega Juan Marino, integrante de UP, leyó de la resolución de creación el fragmento que fija para las votaciones la validez de la mayoría sobre el total de los legisladores presentes.

El artículo 8° votado este martes se intitula “De las medidas de fuerza”. “La Comisión podrá requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación, fundando dichos requerimientos en la existencia de elementos de prueba vinculados directa y concretamente con el fin de la investigación”, establece en su primer párrafo.

Álvaro Martínez.

Y a continuación, agrega: “en caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la Comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna”.

Para colmo, la oposición aprobó también una requisitoria a Javier Milei para que responda nueve preguntas, en un plazo de cinco días. Las inquietudes van desde el origen del token Libra y la omisión de una denuncia penal de su parte hasta los términos de sus reuniones con Hyden Davis y Mauricio Novelli.

Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más

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