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La CGT convocó a un paro general contra el recorte a las licencias y el peronismo vota unificado en contra
La aventura libertaria de incluir sobre la hora un artículo que reduce el pago de licencias por enfermedad o accidentes hasta un cincuenta por ciento, despertó a la CGT que finalmente convocará a un paro nacional este jueves cuando la reforma laboral se trate en Diputados.
Cristian Jerónimo, uno de los tres líderes de la central obrera, confirmó este domingo la medida de fuerza. “Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga”, afirmó a Radio 10 y anticipó que este lunes feriado se reunirá la cúpula de la central obrera para formalizar la decisión.
El paro no nace del clima general. Lo que cambió la posición negociadora de la CGT fue un episodio puntual. Mientras avanzaba el debate en el Senado, el oficialismo incorporó durante la madrugada la modificación del régimen de licencias por enfermedad. La inclusión del artículo, sin discusión previa y fuera del texto original, fue leída en el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que todavía sostenían el diálogo.
Además, complicó el trámite de la norma en Diputados, despertando resistencia en los bloques dialoguistas del PRO, UCR y Provincias Unidas, como anticipó en exclusiva LPO.
Unificó además el rechazo blindado del bloque peronista, que venía votando dividido ante iniciativas del Gobierno como el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o la baja de edad de imputabilidad penal. “El proyecto de reforma laboral es malo, vamos a votas unidos en contra”, anticipó a LPO un diputado peronista del interior.
La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, el trabajador cobrará el 50% de su salario si la imposibilidad de trabajar fuera consecuencia de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud, durante tres meses si no tiene personas a cargo o seis meses si las tiene. Si la enfermedad que no fuera producto de esa conducta, la remuneración será del 75% durante el mismo período.
Con una capacidad intacta para meter al Gobierno en problemas, el ministro desregulador Federico Sturzenegger justificó la modificación con un argumento delicado para un país futbolero como la Argentina: “Si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol -es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver- y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”.
Aunque especialistas señalan que el cambio apunta a limitar abusos como en algunas licencias psiquiátricas eternas, la defensa pública de Sturzenegger activó al mundo sindical y los abogados laboralistas.
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La sorpresa alcanzó incluso a quienes participaron del diseño de la reforma. El abogado laboralista, Julián de Diego, tomó distancia del artículo y reconoció que “salió como un fantasma”. Advirtió además que el cambio generará más litigiosidad, exactamente lo contrario del objetivo oficial de reducir la judicialización laboral.
Reuniones en los pasillos de la sede histórica de la CGT en la calle Azopardo.
Hasta ese momento, en el oficialismo descontaban que la aprobación en Diputados sería un trámite Pero el escenario cambió. El artículo unificó al peronismo y generó resistencias en los bloques dialoguistas, que abrieron un debate al interior del gobierno sobre la conveniencia de apurar el tratamiento para este jueves.
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Si la oposición logra derribar el artículo de las licencias, el proyecto debería volver al Seando, algo que Milei y el ministro Caputo rechazan de plano, como anticipó LPO, ante el pedido previos del PRO de incorporar el artículo que incorporó el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, para que su empresa pueda pagar sueldos.
El artículo ademeas abrió una puerta para que avanace la impugnación judicial de la reforma. Especialistas advierten que la modificación podría entrar en conflicto con las normas de la OIT y tratados internacionales firmados por la Argentina, que incluyen la adhesión a normas de protección del trabajo y el salario.
El ex ministro de Trabajo del menemismo, Armando Caro Figueroa, señaló en una entrevista publicada por Clarín que el proyecto incorpora aspectos que podrían afectar derechos protegidos por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados en el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y el tratado entre el Mercosur y la Unió Europea, que acaba de refrendar el Congreso.
“El proyecto tiene algunas connotaciones que podrían afectar la libertad sindical, como el derecho a huelga o cobrar el 75% del sueldo en caso de enfermedad”, afirmó y advirtió que “la reforma laboral necesita decisiones, pero luego tiene que pasar una prueba jurídica y de la realidad”.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
