Imputan a penitenciarios de Rosario por denuncias de torturas generalizadas a presos

 Una fiscal de Violencia Institucional de Rosario imputará este lunes a cinco empleados del Servicio Penitenciario de Santa Fe por una denuncia de torturas contra detenidos en la cárcel de Piñero ocurridas en marzo pasado, registradas horas después de que dos micros que trasladaban a guardiacárceles fueran baleados en un barrio de la periferia rosarina.

La imputación la concretará la fiscal Karina Bartocci contra seis penitenciarios, que deberán presentarse con abogado defensor en una audiencia en la misma sede de la Fiscalía Regional Rosario fijada para las 9 del lunes 30 de septiembre. Son las primeras de este tipo por apremios, vejaciones y malos tratos en la cárcel de Piñero, ubicada a 15 kilómetros de Rosario.

La citación llega tras una investigación de seis meses del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario. Es el efecto de una denuncia realizada por el Servicio Público de la Defensa Penal y de abogados particulares. Estos indicaron que unos 150 reclusos fueron sometidos a diferentes tormentos horas después de que personas no identificadas acribillaran a tiros, el 2 de marzo pasado, a dos ómnibus que llevaban empleados penitenciarios muy cerca del ingreso de la autopista Rosario-Santa Fe.

Según lo planteado en los hábeas corpus esto desató una sucesión de violentas requisas dentro de la cárcel de Piñero. Los defensores públicos y privados recogieron testimonios y evidencia sobre una secuencia de brutales apremios atribuidos a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (Goep) y la Unidad de Traslado de detenidos. Según denunciaron se aplicaron torturas como submarino seco, puñetazos, patadas, palazos y picana eléctrica.

Colectivo baleado cuando trasladaba personal del Servicio Penitenciario 

Los convocados son los empleados penitenciarios citados a imputativa son Darío Santa Cruz, Roberto Romero Martínez, Franco Sandoval, Brian Montes, Leonardo Portillo y Carlos Martín Jerez. Es una audiencia que no prevé privación de la libertad y por eso no requiere ser frente a un magistrado. No será por tanto pública y se concretará en la sede la Fiscalía en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El ataque contra el micro de penitenciarios ocurrió en un mes signado por la violencia en Rosario luego de que el gobierno de Maximiliano Pullaro impusiera una política de fuerte control, requisas y restricciones de visitas en especial a detenidos de alto perfil. La balacera contra el micro de guadiacárceles, uno de los cuales fue rozado por un proyectil, se produjo en la misma semana que el Ministerio de Seguridad difundiera fotos de presos formados en el estilo que se popularizara en las prisiones de El Salvador con la política de seguridad de Nayib Bukele.

El hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal fue rechazado por el juez de primera instancia Rafael Coria y luego por la camarista Carina Lurati que sin embargo exigió tareas de cuidado al Poder Ejecutivo en especial relación a los presos bajo medida de aislamiento. En esa ocasión remarcó que no estuvo en su rol descartar las denuncias de apremios y vejaciones en investigación en el MPA, que es lo que justamente avanzará desde este lunes con imputaciones.

“Los médicos del Instituto Médico Legal fueron al penal, revisaron a todas las personas y constataron lesiones de todo tipo en 154 de ellas. Pedimos que a partir de eso se tratara el tema de las requisas, sobre todo cómo deben ser las mismas. Pero el juez, a pesar de las heridas constatadas, se negó a tratar el tema. El juez solo trató el aislamiento y definió que se hizo bien en aislarlos”, dijo en su momento sobre el planteo del juez Coria la defensora general de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson.

Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más