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Exclusivo: las cuatro grandes detrás del escándalo de los seguros
Detrás de la imputación a Alberto Fernández por las contrataciones de seguros en el Estado asoma un negocio con cuatro importantes empresas del sector: se trata de las compañías Sancor, San Cristobal, Orígenes (ahora llamada Life Insurance) y San Germán Seguros.
Esas empresas eran subcontratadas por Nación Seguros como intermediarios en el caso de los seguros de ANSES. Todas resultaban beneficiarias con una comisión del 17%, esto es tres veces mayor a la del mercado.
Sancor y Orígenes son dos compañías que las acerca al negocio Gustavo García Argibay, quien hasta hace pocos días fue director de Nación Seguros. Apenas llegó Javier Milei al gobierno, García Argibay -quien tiene vínculo con los libertarios- estuvo muy cerca de quedarse con la presidencia de empresa estatal, pero perdió la pulseada con Alfonso Torres, que responde a Martín Menem.
En tanto, Seguros San Cristóbal es una empresa con nexos con La Cámpora y San Germán Seguros vinculada al macrismo. Esta última compañía tiene una escala muy inferior al resto.
Según pudo saber LPO, quien le acerca el negocio al ex presidente es viejo amigo con quien compartió despachos en la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante la presidencia de Carlos Menem. En ese grupo también estaba Claudio Moroni, ministro de Trabajo durante el último gobierno peronista.
La conducción del PJ decidió desplazar a Alberto de la presidencia del partido
La otra pata del negocio es Pablo Torres García, un empresario y broker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado, y Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto.
“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, dijo Alberto a La Nación.
Este jueves, Alberto Fernández, Martínez Sosa y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, fueron imputados por el fiscal Ramiro González por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
El eje de la investigación es el decreto 823/21 que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante el gobierno del Frente de Todos.
La lupa está puesta en los créditos de la Anses a los jubilados. Sucede que antes del gobierno del Frente de Todos, la Anses usaba autoseguros, pero a fines de 2021, el ex presidente ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros.
El problema está en que Nación Seguros contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas.
El decreto 823/21 establece que los contratos debían hacerse mediante convenio interadministrativo para el caso de la administración central y por régimen de contrataciones para el caso de empresas públicas y entes fiduciarios.
En el texto del decreto se prohíbe expresamente la subcontratación de pólizas, pero no se hace mención a que no podrían haber gestores. Ahí es donde aparecen los intermediarios bajo sospecha.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
