El libertario D’Alessandro dice que se podría sumar a la ofensiva del peronismo contra los que visitaron a Astiz

El diputado libertario Carlos D’Alessandro advirtió este jueves que podría sumarse a la ofensiva del peronismo si se crea una comisión para evaluar responsabilidades y sanciones contra los legisladores de su bloque que visitaron a Alfredo Astiz y otros represores condenados en el penal de Ezeiza. 

“Si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar, porque creo que cabe para nosotros y cabe para ellos también”, sostuvo el puntano en una entrevista por el canal A24.

En ese sentido, consideró que fue “un infortunio haber ido a visitar a los represores y haberlos escuchado a los diputados de La Libertad Avanza defender a los represores”. “Entiendo que desde Unión por la Patria están impulsando la creación de una nueva comisión para, de alguna manera, tener este tipo de contralor sobre los diputados y sobre el daño que le pueda hacer al Poder Legislativo y, si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar”, planteó.

La declaración de D’Alessandro se produjo horas después de que el jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, y el diputado por el MID Eduardo Falcone reclamaran a Martín Menem que hiciera “algo aunque sea” con los legisladores que fueron de expedición a Ezeiza, tal como informó LPO.

Según fuentes parlamentarias, Ritondo reclamó algún tipo de sanción, en medio de la tensión del macrismo con el gobierno por haber echado a Julio Garro y tras el manoseo con Mauricio Macri en la Casa Histórica de Tucumán. Pero, a su vez, habría conversado el tema con Miguel Pichetto, quien acumula fastidio contra la conducción de Menem en la Cámara Baja y la falta de rumbo de la Casa Rosada.

El bloque libertario se asoma a la ruptura por la visita a los genocidas

Si la bronca de Ritondo y Pichetto se juntara con la incomodidad que D’Alessandro expresó en TV, malestar que cruza transversalmente a los libertarios, el proyecto de creación de una comisión especial por parte del peronismo podría terminar aprobándose en recinto. El bloque de Germán Martínez tiene la expulsión de los diputados que se entrevistaron con los genocidas como objetivo de máxima pero sabe que el tema ofrece, como mínimo, la oportunidad de castigar públicamente a los libertarios para profundizar su desgaste.

En el Congreso sigue fresco el recuerdo de la destitución de la Cámara de Diputados del represor Luis Patti antes que asumiera como legislador en representación del PAUFE, en 2006. El ex comisario inició entonces un reclamo judicial y la Cámara Nacional Electoral dispuso que Patti debía asumir pero el cuerpo apeló ante la Corte Suprema y, aunque el máximo tribunal rechazó ese recurso, Eduardo Fellner y Agustín Rossi ya habían defendido la facultad del Poder Legislativo de ser juez de los títulos de sus miembros, según las atribuciones del artículo 64 de la Constitución Nacional. Además, ya había asumido Dante Camaño en lugar de Patti y el bloque del PAUFE había aceptado.

El ejemplo de Patti, un represor que gana su banca en elecciones pero es impugnado por sus pares, sería el anverso de un grupo de legisladores que reivindican la actuación de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Dos caras de la misma moneda, que dentro del gobierno están expresadas con claridad por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Los libertarios Gerardo Huesen y Beltrán Benedit

De hecho, uno de los asistentes a la excursión a Ezeiza admitió ante LPO que el objetivo de Beltrán Benedit, el impulsor de la visita, era el de empezar a motorizar el reclamo para que se les otorgue a los genocidas mayores de 70 años el beneficio de la prisión domiciliaria. La propia Villarruel habría prometido esa salida y hasta hubo un intento por vía judicial a través de la Cámara de Casación antes del último 24 de marzo pero fracasó.

Por aquellos días, LPO informó que el gobierno buscaba un atajo para morigerar las sentencias a los represores condenados a través de la detención domiciliaria. La jugada había surgido por un reclamo de los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, defensores de Diego Chemes, uno de los militares que intervino en el centro clandestino El Vesubio. Desconocido para la mayoría, su caso hubiera abierto la puerta para que se beneficiaran nada menos que Astiz y Jorge “Tigre” Acosta.

La maniobra fue descartada por un acuerdo de la superintendencia de la Casación, instancia en la que se reúnen el titular del tribunal penal más alto del país y los presidentes de las salas. Por eso, el rechazo a las domiciliarias salió este año con las firmas de Mariano Borinsky, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Daniel Petrone. 

Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más