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El gobernador de Río quiere mandar los militares a la pelea narco y choca con Lula
La masacre en Río de Janeiro tras el operativo policial en los complejos Alemao y Penha generó un terremoto político en Brasil. El desastroso operativo ordenado por el gobernador Claudio Castro dejó 132 muertos, una cifra que supera la oficial de 64 luego que los pobladores de las favelas encontraran por su cuenta 70 cadáveres.
Castro, alineado con el bolsonarismo, no hizo cargo del operativo mas letal y desastroso del último tiempo y culpó al gobierno de Lula por no mandar refuerzos. El conflicto de fondo es que Lula no quiere aplicar lo que se conoce como el GLO (Garantía de Ley y Orden) porque rechaza que las Fuerzas Armadas ocupen las favelas. “Puede ser un desastre total”, dice a LPO un miembro del equipo del presidente de Brasil.
En Planalto especulan con intenciones políticas del bolsonarsmo para poner en agenda una supuesta falta de compromiso de Lula para combatir el narcotráfico y llevar a Brasil a una especie de “narco estado”.
Esta versión se alimenta con que dos meses atrasa, el gobierno federal realizó un megaoperativo contra otros de los grupos narcos, el Primeiro Comando Capital, surgido en São Paulo cuyos crímenes hoy se expanden a otros sectores como en el centro de combustible. Ese operativo no tuvo muertos porque las operaciones se concentraron en el epicentro del capital financiero paulista, en las oficinas de la av. Faria Lima, que buscó ir a la raíz de la criminalidad.
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En ese marco, cinco de las seis grandes masacres cometidas por la policía de Río en las últimas dos décadas fueron a menos de un año de las elecciones por el gobierno de ese estado. En 2005 en la Baixada Fluminense con 29 muertos, en 2009 en el Morro dos Macacos y en 2013 en Nova Holanda-Maré, ambos 13 muertos, en 2017 en el Complejo do Salgueiro con 8, en 2021 en el complejo Jacarezinho con 29 y este último con 132 fallecidos, según la Defensoría Pública de Río de Janeiro.
Castro niega los muertos civiles y solo lamentó la pérdida de cuatro policías e insiste con que encararon esta ofensiva en soledad. Sin embargo, LPO adelantó que una fuente de la gobernación reconoció que el Castro no avisó y solo mostró un oficio (comunicado formal de instituciones pública) pero que es de enero en el cual pidió al Ministerio de Defensa vehículos blindados.
En el gobierno ve una mano del bolsonarismo detrás de este caos y apuntan a Flavio Bolsonaro que hace solo 5 días sugirió que Donald Trump debe intervenir en Brasil como hace en el Mar Caribe contra Venezuela para enfrentar a los carteles de droga en Río de Janeiro.
Pobladores de la favela improvisan una bandera contra el gobernador bolsonarista.
El poder territorial de Flavio está puesto en Río, donde fue diputado estadual durante décadas y hoy es Senador Federal y se lo acusa por sus vínculos con milicianos y grupos de estrecha relación con el los narcos.
Los milicianos son grupos integrados por ex policías y ex militares que fueron creados por gobiernos del estado para enfrentar a los narcos pero que luego de derrotarlos se quedaron con el manejo de la droga.
“Es evidente que el bolsonarismo está utilizando esta tragedia para construir una narrativa electoral contra Lula en la previa de las elecciones. No dudan en pedir intervención militar de Estados Unidos. Pero son unos mentirosos y van a fracasar. No dicen que desde 1995, todos los gobiernos del estado fueron gobiernos de derecha”, afirma este asesor que recuerda que los diputados de Castro votaron en contra de una iniciativa para unificar policías para este tipo de operativos.
La intervención del gobierno federal tiene también límites constitucionales. El exministro de Defensa y Seguridad Pública durante el gobierno de Michel Temer, Raul Jungmann, destacó en un diálogo con CNN Brasil que “a lo largo de las siete constituciones de Brasil, se ha descuidado la necesidad de otorgar al gobierno federal un papel más prominente en la seguridad pública. A diferencia de la mayoría de los países, Brasil carece de la capacidad y el respaldo constitucional para un papel federal más sólido en este ámbito”.
Jungmann subraya que esta fragmentación de la seguridad pública, donde cada estado opera de forma aislada, genera importantes vulnerabilidades en el sistema. “El gobierno federal carece de la capacidad y el mandato constitucional para invertir realmente y colaborar estrechamente con los estados y municipios”.
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Según su análisis, la situación actual exige una revisión del papel del gobierno federal en la seguridad pública, especialmente considerando la naturaleza transnacional e interestatal de las organizaciones criminales modernas. La falta de una coordinación central efectiva dificulta la resolución de desafíos que trascienden las fronteras estatales.
Castro será candidato a Senador el año que viene pero tiene una mínima expectativa de ser el candidato de la derecha en un momento de convulsión en la derecha donde nadie tiene garantizada la bendición de Jair Bolsonaro.
Por estas horas se espera la presencia de Lula en el lugar en un momento de extrema tensión con el gobernador bolsonaristas. El presidente podría hacer una recorrida con el alcalde de Río, Eduardo Paes, quien además es candidato a gobernador por el estado.
Cuerpos apilados en el complejo Penha.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
