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El juez Barroetaveña quiere quedarse en la Magistratura y desata una interna con Llorens y Basso
El presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, busca atornillarse en el Consejo de la Magistratura y desata una interna con sus colegas Mariano Llorens y Andrés Basso.
Barroetaveña presentó un pedido de declaración de certeza ante el fuero contencioso administrativo federal el jueves pasado para saber si puede reelegir este año como consejero, un cargo que ocupa desde 2022. Su reclamo recayó ante el juzgado de Enrique Lavie Pico y deschavó una jugada que los representantes por el estamento de los abogados y los magistrados venían tejiendo desde hacía meses.
En un escrito de 41 páginas, Barroetaveña plantea que su derecho a postularse nuevamente está garantizado por la versión original del artículo 3° de la Ley 24937, la norma que reglamentó el Consejo de la Magistratura en 1998, en lugar de utilizar el artículo 2° de la Ley 26080, impulsada por Cristina Kirchner en 2005. En el primer caso, se establece que los consejeros de la magistratura pueden ser reelectos por un nuevo período mientras que en el segundo se estipula un intervalo entre un mandato y otro.
La puja por el articulado se da porque el juez aprovechó el desaguisado al que contribuyó la Corte Suprema cuando volteó una serie de artículos de la ley de 2005 y repuso la vigencia de la norma del 98′, sin barrer el artículo 2° de la ley del kirchnerismo. “La del Consejo es una ley muy manoseada, hasta por la Corte, y este reclamo muestra que no está claro qué criterio vale y con qué artículos se define”, explicó a LPO un colega de Barroetaveña.
Por otro lado, el titular del máximo tribunal penal del país terminó exponiendo con su jugada, incluso, a Horacio Rosatti, presidente de la Corte y el Consejo a la vez. Fuentes del Poder Judicial dijeron que el santafecino habría admitido en charlas informales que apoyaría la reelección de consejeros, entre otras cosas, porque sentía sus espaldas cubiertas por la vicepresidenta del cuerpo, la jueza Agustina Díaz Cordero, quien pidió licencia en su juzgado para atender los asuntos de la Magistratura full time.
Rosatti irrumpió en la Magistratura para evitar un choque por el proyecto de elección de jueces
El tema de las reelecciones fue motivo de conversación también en la ronda de consultas que hicieron los supremos Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, cuando invitaron a sus vocalías a los representantes en el Consejo por el estamento político para discutir la Acordada N° 4, la del proyecto de cambio del reglamento de selección de magistrados. Uno de los que acudió a la cita con los jueces comentó que ambos estaban al corriente de la iniciativa de los consejeros para atornillarse cuatro años más en sus asientos del edificio de la calle Libertad.
El propio Barroetaveña, acaso entusiasmado con la chance de seguir representando a sus pares ante el Consejo, abordaba a senadores y diputados para enterarlos que el acuerdo estaba listo y que todos podrían continuar en sus funciones.
Mariano Llorens.
Aunque más de un interlocutor suyo se sintió incómodo por la intensidad del juez, donde peor cayó la presentación judicial fue en el seno de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, presidida por el juez Andrés Basso. El expediente de Barroetaveña habría detonado la interna que venía tramitando contra Basso y el camarista federal porteño Mariano Llorens.
Un juez al tanto de la refriega deslizó que entre los partidarios del eje Basso-Llorens acusan a Barroetaveña de que “piensa que no necesita que lo ayuden, juega solo”. Otro de sus colegas fue más duro: “La Bordó lo detesta a Diego, se lo quieren comer crudo porque no tiene la ascendencia que cree tener”.
Cerca de Basso argumentaron ante LPO que “la ley no le permite reelegir y todavía la lista no designó candidatos”. “Que le den la posibilidad no indica que la lista lo elija. Es más, los apoderados de la lista Bordó ya se pronunciaron por que esa posibilidad no es legal”, sostuvieron.
El caso que utilizan para fundamentar esa postura es el voto del presidente de la Junta Electoral, Alejandro Sudera, quien se inclinó en esa dirección sobre la candidatura de Alberto Lugones en el último turno electoral. “Si no puede uno, no puede ninguno”, alegaron.
En la carilla 17, Barroetaveña indicó que “el marco jurídico aplicable a la integración orgánica del Consejo de la Magistratura no se encuentra conformado exclusivamente por los textos de la Ley N° 24.937 y las similares que le introdujeron modificaciones ulteriores, sino también por distintos pronunciamientos del máximo tribunal de Justicia, vertidos en causas en las que se debatió la constitucionalidad de aquel bloque normativo”.
Andrés Basso.
La premura del juez se debe a que el 18 de noviembre próximo vencen los mandatos vigentes y que la resolución 75/2022 del Consejo fijó que los comicios deben ser convocados con 60 días de anticipación. Ese plazo supone, además, la contemplación de un tiempo para la selección de los candidatos, la revisión del padrón y las impugnaciones entre otras acciones o etapas de la organización, razón por la cual el magistrado demanda precisiones.
El objetivo de su presentación judicial, tal como explicita en la página 34, sería que “se ordene al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de adoptar medidas que tiendan a limitar o a afectar la posibilidad de que este actor se presente y participe, como candidato a Consejero del Consejo de la Magistratura en representación del estamento de los/as Jueces/zas del Poder Judicial de la Nación, en las próximas elecciones correspondientes al período 2026-2030”.
Desde la lista Bordó fueron tajantes contra Barroetaveña: “Todos sabemos que la ley es clara y no hay ningún operativo clamor para que ni él, ni ninguno de los que están, se queden en la Magistratura”, aseguraron.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
