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Un juez federal de Rosario acusa a camaristas de trabar las causas contra los narcos
Una fuerte controversia entre la Justicia Federal y la Justicia de Santa Fe respecto a quién lleva los casos de criminales implicados en economías ilícitas entremezcladas con violencia, vuelve a escalar. Un juez federal con base en Rosario acaba de rechazar en términos contundentes planteos de colegas provinciales que le giran a la Justicia Federal casos que involucran a grupos ligados al comercio de drogas. No solamente les devolvió las causas a cuatro magistrados, sino que en uno de los casos les pide a fiscales y a la Corte Suprema de Santa Fe que investiguen si una camarista rosarina, al delegar expedientes, cometió delitos.
El planteo del magistrado federal es categórico no solamente porque pide investigar si hay simples errores funcionales o ilícitos en su colega provincial. También porque afirma que la Justicia provincial le remite por problemas de competencias causas de drogas basadas en discusiones “superadas hace 20 años” en la jurisprudencia, y que demorar casos puede tener efectos violentos irreparables.
El asunto es un episodio fuerte en una secuencia que estalló hace un mes cuando el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, se quejó inusualmente contra camaristas de la Justicia de Rosario. Merlo dijo que éstos impedían que sus fiscales profundizaran causas de venta de droga ya que las giraban a la Justicia Federal ocasionando, a su criterio, demoras en las pesquisas que favorecían a los delincuentes.
Merlo aseguró entonces que con eso habría “más homicidios y balaceras” en las calles de la ciudad. Y que frente a esa posibilidad “deberían hacerse cargo”. La respuesta de los camaristas entonces fue acusarlo de emitir un exabrupto temerario y falaz, de generar una coacción institucional y de meterse con la independencia del Poder Judicial.
El jefe de fiscales de Rosario acusó a los jueces de trabar la investigación del narco
Esta semana, el juez federal de Rosario Eduardo Rodrigues Da Cruz fue contundente contra la camarista rosarina Gabriela Sansó, al devolverle un expediente que ella había remitido a la Justicia Federal, que fue justamente lo que desató el desbande. En la polémica intervino el mismo gobernador Maximiliano Pullaro, quien se puso claramente a favor del fiscal regional Merlo e incluso, según varios análisis, hasta fue su verdadero impulsor.
Pullaro con la fiscal general Cecilia Vranicich y el fiscal regional Matías Merlo (a la izq. en la foto)
Gabriela Sansó había mandado a la Justicia Federa una causa con 40 imputados ligados a la barra brava de Newell’s y a delitos de competencia ordinaria, aunque conectados a temas de narcotráfico. El juez federal Rodrigues Da Cruz le respondió en una audiencia que lo que había soslayado la magistrada y las defensas de los acusados es que las conductas juzgadas eran por casos de microtráfico, es decir, comercio urbano de drogas, que desde 2024 en Santa Fe son de competencia provincial.
Lo que el magistrado federal cree es algo coincidente con la mirada de fondo de los fiscales provinciales de microtráfico y el propio gobierno de Pullaro. Y es que algunos camaristas, que se amparan en normativas vigentes, menosprecian las consecuencias que tienen estas remisiones de causas en la violencia altamente lesiva, que mientras se desarrollan demoras crece en su conflictividad. Tanto en el gobierno santafesino como en el de la Municipalidad de Rosario afirman que cada vez que hay demoras en una causa, falta de entendimiento o errores jurídicos, en la calle hay muertos.
El caso de la polémica tuvo foco en Villa Gobernador Gálvez, ciudad pegada a Rosario, hacia el sur. Los fiscales provinciales Pablo Socca y Brenda Debiasi intervinieron sobre una banda de conocidos actores del campo del narcomenudeo pidiendo 100 allanamientos simultáneos que generan 38 detenidos. Los principales son nombres ligados a la violencia: Jano Fernández manejando los negocios de droga de Pupito Avalle, el Pollo Vinardi y el Toro Escobar. “Tenemos mediciones que marcan que tras esa intervención las balaceras en la zona cayeron un 33%, los heridos de arma de fuego un 35% y los homicidios un 25%”, decían los fiscales provinciales.
La camarista Sansó remitió el caso a la Justicia Federal porque interpretó que hay conexión objetiva y subjetiva con otras causas tramitadas allí. Su colega del federal la fustigó muy fuerte. Sostuvo que estaba claro que lo que motivó estas detenciones era un caso de venta al consumidor, que el caso no era narcotráfico y que hay mucha jurisprudencia que habilitaba que el caso lo continuaran fiscales provinciales.
También señaló que la magistrada desconoce la doctrina y la jurisprudencia. Y que el 6 de marzo los colegios de jueces provinciales y federales en Rosario habían firmado un convenio de cooperación para dirimir con rapidez estos casos lo que, en apariencia, la jueza se apartó en fallar. Por todas estas cosas el juez federal pidió a fiscales que investiguen a la camarista. A su criterio su decisión aumentó la litigiosidad, privó de respuesta rápida a los implicados y trabó a los investigadores. Le pide por tanto al la Fiscalía Regional de Rosario y a la Corte Suprema de Santa Fe que definan si Sansó, al desprenderse de la causa y alegar su incompetencia, generó delitos de acción pública.
Sin esa misma contundencia, pero con críticas jurídicas semejantes, el juez Rodríguez Da Cruz ya había rechazado planteos de incompetencia de camaristas provinciales que pasaban expedientes a la Justicia Federal.
Lo que está de fondo es para los fiscales provinciales que el microtráfico no es solo la venta de droga es lo que dinamiza la violencia territorial en Rosario. Con este delito se generan balaceras, disputas entre bandas, amenazas, usurpaciones. Por eso los fiscales que actúan sobre narcomenudeo arman investigaciones por focos territoriales o por bandas que operan en determinados lugares críticos. El gobierno indica que este es uno de los factores principales por los que la violencia de alta lesividad en dos años en Rosario, medida en homicidios, bajó más de un 50 por ciento.
Pullaro junto a los camaristas (a la derecha) Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Gabriela Sansó
Otro de los casos que la Justicia Federal devuelve con quejas es uno que el camarista Javier Beltramone había remitido en marzo sobre ocho personas detenidas en cárceles y comisarias implicadas en comercio de drogas, en los barrios Cerámica y Nuevo Alberdi. Rodríguez Da Cruz rechaza lo de Beltramone y le cita jurisprudencia de la Corte “procurando evitar dilaciones procesales, inútiles replanteos ya superados hace 20 años, y decisiones contradictorias que afecten la economía procesal, la celeridad y la correcta administración de Justicia”.
Lo mismo hace con resoluciones de las camaristas provinciales Carolina Hernández y Bibiana Alonso. En este caso último le pide también a la Corte que revise la conducta funcional de la magistrada.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
