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Pullaro se asegura facultades clave en el Poder Judicial de la nueva constitución santafesina
El gobierno de Maximiliano Pullaro se sacó de encima un episodio crucial y trabado en la Convención que reforma la Constitución de Santa Fe. El mismo día que se despejó los escollos para intentar su reelección en dos años se aseguró un dictamen en la Constituyente que modifica la estructura histórica del Poder Judicial. Lo que implicó una batalla de poder real que se empieza a zanjar en el plano normativo, pero que en la práctica sigue golpe a golpe.
Lo que se zanjó en el dictamen final tras una refriega extensa, sobre todo en el interior de la coalición de Pullaro, son asuntos esenciales, Que en definitiva cristalizan el modo que asumirán las inestables relaciones entre política y mundo judicial. Se dirimió cómo funcionará como estructura el Poder Judicial, qué representación tendrá la Corte, cómo quedará la ubicación de las fiscalías y las defensas. Y como punto fundamental cómo se darán los procesos para designar y sobre todo remover jueces fiscales y defensores.
La negociación era difícil porque la disidencia la tenían especialmente dentro de la coalición oficialista. El socialismo encontraba que el radicalismo de Pullaro tenía pretensiones de imponer supremacía desde el gobierno especialmente al Ministerio Público de la Acusación que congrega a 160 fiscales provinciales. Pero lo zanjaron.
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El Ejecutivo logró que el estamento político concentre cuotas fuertes de peso y discrecionalidad para designar jueces y fiscales. Pero sobre todo para desplazarlos. Pero resignó hacer coincidir el mandato del gobernador con el jefe del fiscal general que persigue los delitos. Los fiscales y los socialistas no querían eso. Señalaban que con la simultaneidad de mandatos, el gobernador le impondría la política de persecución a los fiscales.
Algo que ya viene en fuerte discusión desde que en 2016 cinco senadores provinciales fueran denunciados por maniobras con subsidios que se les asignan de manera legal pero también polémica. Lo que hizo la Legislatura para deshacerse de esas denuncias fue otorgarse el control disciplinario de los fiscales y defensores. Esto fue declarado inconstitucional por la Cámara Laboral de Rosario en 2020 pero finalmente aceptado en decisión dividida por una Corte Suprema que ya empezó a ser reformada por el gobernador.
A cara limpia
Lo que buscaba sin disimular el pullarismo fue aumentar el control de la política sobre las instituciones judiciales. En especial sobre la Corte. El gobierno santafesino no quiere que la cúpula del Poder Judicial, como juzgan que pasó históricamente, les marque el paso a los gobiernos elegidos con el voto popular.
Es un debate fino porque lo que dicen efectivamente ocurrió. Históricamente la Corte ubicó a sus favoritos, los colegios de magistrados jugaban fuerte, y emitía resoluciones en clara sintonía con sectores políticos. Y sobre todo casi nunca se daban remociones de jueces, porque la Corte en el jury muchas veces los salvaba. Ahora no integrarán sus ministros los tribunales de juicio político. Dirigentes políticos afirman que hay pocos jueces con sentencia condenatoria en Santa Fe debido a eso.
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Desde el estamento judicial dicen que eso es falso. Afirman que se toman de dos casos recientes y resonantes donde dos magistrados acusados (Hernán Postma y Gonzalo Basualdo) terminaron absueltos por el jury de manera argumentada, pero dicen que hay en Santa Fe proporcionalmente más jueces desplazados que en Comodoro Py y provincia de Buenos Aires. También preguntan cuántos condenados hay entre dirigentes de la política con representación. Responden con un hecho: Ni uno. Casi ni se abrieron causas cuando la Legislatura se dio el control disciplinario.
La nueva Constitución establecerá que la Corte Suprema se compone de siete ministros. Su integración procurará la paridad de género y la representación territorial. Sus miembros se retiran a los 75 años sin posibilidad de renovación u otros cinco años. O bien cuando lleguen a veinte años en el cargo.
Acá hay un tema central con el que Pullaro, en fuerte confrontación con la Corte desde antes de asumir, busca desplazar a tres ministros que ya pasaron los 75 años y que no manifiestan voluntad de cesar. Son Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez. Desde el gobierno provincial no disimulan que el embate se acentuará finalizada la Convención.
Otro punto fuerte de la discusión era la ubicación institucional de las fiscalías y del Servicio de Defensa. El gobierno impuso que formen parte de un mismo ministerio con dos cabezas. Serán un órgano extrapoder en el sentido de que no dependerán de ninguno de los otros tres. Eso reconoce una fuerte reivindicación de la cúpula de fiscales y defensores: manejar su presupuesto y sus designaciones, que hoy dependen del Poder Judicial. Lo decisivo será cómo se va a definir el presupuesto. Fiscales y defensores quieren que eso quede fijado en la Constitución.
“Se puede ser autónomo y autárquico en los papeles pero la plata la pone el Ejecutivo. Y eso condiciona el rumbo político de la fiscalía en la elección de la política de persecución. Si la integración presupuestaria no surge de una pauta fija con solo reducir el presupuesto puede haber de hecho un condicionamiento”.
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El Consejo de la Magistratura será un órgano asesor no permanente que tendrá un órgano técnico para seleccionar e investigar jueces, fiscales y defensores. Tendrá que hacer el análisis de los postulantes, la convocatoria a los jurados y la elevación de una propuesta al Poder Ejecutivo. Está integrado por un representante del Poder Judicial o de fiscal o defensor. Por un diputado, un senador, un abogado matriculado y un académico.
En relación a la cuestión disciplinaria, un punto de avance es que deja de intervenir la Legislatura, con sus comisiones de Acuerdo y de Juicio, para examinar conductas de fiscales y jueces. Lo hace un órgano técnico con un modelo acusatorio, oral y público.
Pero la política, en las cuestiones disciplinarias, seguirá detentando la capacidad numérica de imponer decisiones en cuanto a faltas graves fiscales y defensores, y ahora de jueces. Al tribunal de enjuiciamiento lo compondrán dos abogados, un académico, dos senadores y dos diputados. Un total de siete miembros de los cuales cuatro, la mayoría, son políticos. El radicalismo aspiraba a que hubiera un integrante del Ejecutivo en el órgano de remoción. El socialismo se opuso rotundamente y consiguió que sus aliados no insistieran con este punto.
Otro aspecto donde se nota el peso político, por iniciativa del sector de Pullaro, es la eliminación del concurso para designar al fiscal general que comanda las fiscalías de la provincia y al defensor general que lidera el Servicio de Defensa Pública. El argumento del radicalismo para esto es que lo mismo ocurre para los ministros de la Corte. Pero estos no tienen la capacidad, como los fiscales, de accionar penalmente contra el gobernador. El concurso al menos habilita un criterio de evaluación técnica y personal, aunque después sea el gobernador el que elija al candidato de una nómina. Eso ya no ocurrirá.
Al respecto, un actual miembro de la Fiscalía le dijo a LPO. “Si yo te designo sin un concurso con un jurado independiente, ¿cómo hago para que después vos seas un jefe de fiscales independiente y eventualmente deba investigarte? Si te debo el cargo sin concurso y por pura discrecionalidad, ¿lo voy a hacer?”.
Otra cuestión que quedó establecida es que los jueces queden nominados tras el concurso en una lista de la que el gobernador seleccionará al candidato sin vínculo con un orden de mérito que desaparece. Podrá elegir, entre los aprobados por los jurados, al aspirante de su preferencia.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
